La dinámica migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México ha experimentado una transformación radical bajo el segundo mandato de Donald Trump. A diferencia de su primera gestión, donde la amenaza de aranceles fue el mecanismo principal para presionar a México a contener el flujo migratorio —logrando reducir las capturas de 100 mil a 30 mil mensuales en 2019—, la actual administración ha consolidado el control mediante el uso intensivo de decretos presidenciales.

El impacto de estas medidas es evidente en las cifras oficiales. En diciembre de 2023, bajo la administración de Joe Biden, se registraron 301 mil detenciones de migrantes y solicitantes de asilo. Un año después, con la implementación de las nuevas políticas de Trump, la cifra descendió a 11 mil capturas mensuales. Este fenómeno se explica, en parte, por el impacto global del discurso presidencial y la amenaza constante de deportaciones masivas, que afectan a una población estimada de 12 millones de indocumentados.

El efecto disuasorio ha alcanzado incluso a flujos migratorios extracontinentales. Mientras que en 2014 no se registraron capturas de migrantes de Senegal, Mauritania o Angola, para el final de la administración Biden las cifras alcanzaron los 8 mil, 9 mil y 4 migrantes respectivamente. Bajo el actual gobierno, estas cifras han caído a menos de 800 en cada caso. La estrategia ha permeado en el imaginario migrante, desmantelando el modelo de negocio de las redes de tráfico de personas al reducir la demanda de sus servicios.

La política actual también ha impactado a quienes contaban con protecciones previas. Trump ha procedido con deportaciones de individuos con Estatus de Protección Temporal (TPS), como ocurrió recientemente con 160 migrantes haitianos enviados de regreso a su país. Esta atmósfera de incertidumbre y la criminalización generalizada de los migrantes han marcado un cambio de paradigma donde, según el análisis, la ley ha sido desplazada por un esquema de autoritarismo e impunidad.