TAPACHULA, Chis. — En el transcurso del primer semestre de 2026, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo la deportación mensual de aproximadamente mil personas de nacionalidades distintas a la mexicana hacia territorio nacional. La mayoría de estos traslados se han efectuado por vía terrestre hacia la frontera norte, desde donde el Instituto Nacional de Migración (INM) ha trasladado a los afectados hacia el sur del país, principalmente a Tapachula, Chiapas.
Organizaciones civiles, entre las que destacan el Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, Kino Border Initiative y la Oficina de Washington para América Latina, han denunciado que esta población se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad. Según el informe Desterrados al sur: el costo humanitario de la deportación, muchos de los deportados —provenientes mayoritariamente de Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití— contaban con libertad condicional humanitaria, estatus de protección temporal o solicitudes de asilo pendientes que fueron revocadas por la administración Trump.
El reporte detalla que las autoridades mexicanas otorgan a estas personas un plazo de apenas 10 días para regularizar su situación migratoria, periodo durante el cual tienen prohibido trasladarse a otros estados. Tras ser trasladados a Tapachula, los migrantes son ingresados a la Estación Migratoria Siglo XXI, donde permanecen entre 36 horas y hasta ocho días antes de ser liberados en condiciones de abandono.
Al ser liberados, el INM entrega a los extranjeros un documento similar a una carta de alta fotocopiada, la cual especifica que la retención fue únicamente con fines estadísticos y no por motivos migratorios. Sin embargo, las organizaciones advierten que no se les brinda orientación sobre sus opciones legales ni sobre las consecuencias al vencer su plazo de estancia. Además, se ha documentado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) frecuentemente omite la devolución de documentos oficiales de identidad a los deportados.
Aunque el INM realiza deportaciones regulares de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador mediante autobuses hacia sus países de origen, las organizaciones alertan que esto los expone nuevamente a la violencia que originalmente los obligó a migrar. En Tapachula, quienes permanecen en la ciudad viven en condiciones de hacinamiento y precariedad, manteniéndose prácticamente invisibles para la sociedad local.
