LIMA, Perú. — El gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, ha declarado el estado de emergencia en cinco de las prisiones más peligrosas del país como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana. La medida, oficializada mediante el decreto supremo número 128-2026-PCM emitido el 5 de septiembre, tendrá una vigencia de 60 días.

El decreto autoriza a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a realizar operativos permanentes en los establecimientos y en un radio de 200 metros desde sus límites exteriores. Durante este periodo, se suspenden los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, de reunión, así como la libertad y seguridad personales en dichas zonas. El objetivo principal es impedir el ingreso de armas, realizar labores de inteligencia para prevenir fugas y desarticular las actividades delictivas que se coordinan desde el interior.

Los penales sujetos a esta intervención son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Trujillo Varones (La Libertad), así como Miguel Castro Castro y Ancón I, ambos en Lima. Según las autoridades, cerca del 50% de los reclusos en estos centros son cabecillas de organizaciones criminales que utilizan equipos de telecomunicación no autorizados para dirigir extorsiones, sicariato y tráfico de estupefacientes. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que se buscará la incautación de tarjetas SIM y teléfonos, además de la remoción de antenas de telecomunicaciones en las zonas aledañas.

El gobierno aclaró que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantendrá la administración y custodia interna, descartando una militarización de las prisiones. Esta acción responde a una crisis de seguridad marcada por un aumento en los homicidios, que pasaron de casi 1,000 en 2018 a 2,600 en 2025, y un incremento exponencial en las denuncias por extorsión, que escalaron de 3,200 a 26,500 en el mismo periodo. El sistema penitenciario enfrenta actualmente una sobrepoblación del 156% y un déficit de personal del 45%.