El primer ministro Péter Magyar y su partido, Tisza, han iniciado una ambiciosa estrategia para recuperar fondos y activos estatales que, según denuncian, fueron desviados de manera irregular hacia la familia de Viktor Orbán, aliados políticos, oligarcas y testaferros. El nuevo Ejecutivo busca no solo la restitución de estos recursos al erario, sino también exigir responsabilidades legales a los beneficiarios de este esquema.
Magyar ha señalado que el monto de los fondos desviados asciende a unos 60.000 millones de euros (70.000 millones de dólares), aunque existen estimaciones que sugieren que la cifra real podría triplicar dicha cantidad. Durante el mandato de Orbán, se documentó un estilo de vida marcado por el lujo extremo, incluyendo el uso de jets privados, yates y fincas, mientras el país enfrentaba un déficit presupuestario cercano al 7,5% de la renta nacional, además de un deterioro evidente en infraestructura, escuelas y hospitales.
Para combatir esta situación, el Gobierno creó a finales de julio la Autoridad Nacional para la Recuperación de Activos (NVVH), una institución independiente con facultades tanto policiales como fiscales para investigar y presentar cargos. La entidad, que rendirá cuentas ante el Parlamento húngaro, se enfocará en auditar el uso de fondos y activos públicos desde 2010, año en que Orbán asumió el poder.
A finales de agosto, Anna Unger, politóloga de 46 años de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, fue nombrada directora de la NVVH tras un proceso de selección entre casi 100 candidatos. Unger ha calificado el sistema operado bajo la gestión de Orbán como una estructura "casi feudal" y ha advertido que, debido a la complejidad de los casos, sería poco realista esperar sentencias firmes durante el primer mandato de seis años de la institución. Por su parte, el ex primer ministro Viktor Orbán ha criticado estas acciones, alegando que su sucesor ha "desmantelado el Estado de derecho".
