CIUDAD DE MÉXICO. — Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, las rectoras de las universidades autónomas de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora, y de Nayarit, Norma Liliana Galván Meza, presentaron estudios que detallan la crítica situación financiera que enfrentan las instituciones de educación superior en el país. Las autoridades universitarias advirtieron que el incremento anual al presupuesto, que en 2026 fue de apenas 1.8 por ciento, resulta insuficiente frente a la inflación y el aumento del 13 por ciento al salario mínimo.
Jiménez Zamora señaló que el "tope salarial" impuesto por las secretarías de Educación Pública y de Hacienda, fijado en 4 por ciento directo al salario y 2 por ciento en prestaciones para 2026, ha provocado que las categorías más bajas del personal administrativo queden por debajo del salario mínimo obligatorio. Esta distorsión salarial ha causado que los sueldos de intendentes, jardineros y auxiliares se aproximen o superen a los de puestos administrativos intermedios y profesores por horas.
Por su parte, Galván Meza alertó que la insuficiencia presupuestal ha derivado en el uso de infraestructura obsoleta y equipamiento insuficiente en laboratorios y bibliotecas. El mayor peso financiero recae en los sistemas de pensiones, que consumen en promedio el 40 por ciento de la nómina universitaria. La situación es particularmente grave en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde este rubro supera el 90 por ciento de la nómina. Otros casos críticos incluyen a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (70-80 por ciento), así como la Universidad Autónoma de Coahuila (60-70 por ciento).
Actualmente, 17 universidades requieren subsidios adicionales para financiar sus pensiones, cifra que se incrementará con 14 instituciones más a partir de este año. Las rectoras subrayaron la urgencia de implementar "reformas de nueva generación" en coordinación con las autoridades federales para garantizar la viabilidad de las instituciones.
