El lunes 5 de octubre, Donald Trump anunció a través de su plataforma Truth Social que los anuncios publicitarios que elogian los logros de su Gobierno, emitidos desde septiembre de 2026, dejarán de financiarse con dinero de los contribuyentes. El mandatario calificó la práctica como habitual, pero aseguró que, en adelante, los spots serán pagados mediante donaciones de sus seguidores.
La polémica surgió debido a que los anuncios, transmitidos en programas como Saturday Night Live y partidos de fútbol americano, estaban marcados con la leyenda "Financiado por el Gobierno de EE. UU.". El contenido incluía imágenes de la detención de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, así como videos de Trump prometiendo expulsar a los "belicistas" y a la "enferma clase política" para evitar que el país se convirtiera en un Estado comunista.
Organizaciones como Public Citizen han denunciado que la ley prohíbe explícitamente el uso de fondos públicos para propaganda gubernamental o publicidad política partidista. Según reportes de la cadena CBS, el Departamento de Seguridad Nacional habría destinado 20 millones de dólares a una agencia para esta "campaña nacional en medios". Patrick Malone, profesor de la American University, subrayó que el uso de dinero público para fines electorales es altamente cuestionable.
Este escenario ocurre en el marco de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Actualmente, los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras, pero encuestas de Ipsos y Reuters publicadas el 5 de octubre sugieren un panorama incierto, con un índice de aprobación de Trump situado en el 32 por ciento.
La situación ha generado tensiones internas en el Partido Republicano, donde algunos candidatos han evitado aparecer junto al presidente, vinculándolo con el alto costo de vida y la prolongada guerra con Irán. En un intento por movilizar el voto, Trump llegó a prometer 5,000 dólares a cada ciudadano con derecho a voto si los republicanos conservan la mayoría en el Congreso, una propuesta que, según expertos como Malone, requeriría autorización legislativa y carece de viabilidad financiera inmediata.
