WASHINGTON, D.C. — La Suprema Corte de Estados Unidos emitió una resolución que permite al gobierno del presidente Donald Trump continuar con la expulsión de migrantes hacia "terceros países", revocando la sentencia del juez federal Brian Murphy, quien previamente había calificado esta política de Seguridad Interior como ilegal. Con esta decisión, los migrantes pierden la oportunidad de argumentar ante la justicia los riesgos que enfrentan al ser enviados a naciones con las que no tienen vínculos.
De acuerdo con datos de organizaciones de derechos humanos, más de 25 mil personas han sido deportadas a 29 países bajo este esquema, incluyendo naciones con altos niveles de inestabilidad política y violencia como Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana. En el caso de Sudán del Sur, el propio Departamento de Estado de EU desaconseja viajar a dicho territorio debido a riesgos de secuestro, delincuencia y conflictos armados.
Paralelamente, se ha documentado una crisis en los tribunales de inmigración. Según reportes de CNN, niños de apenas dos años de edad han sido obligados a comparecer ante jueces para defender su permanencia en el país, frecuentemente sin asistencia legal. En una audiencia en Texas, se observó a menores de tres y seis años jugando durante el proceso judicial. Un caso emblemático fue el de Ángel, un menor hondureño de 13 años, quien tras expresar que su familia reside en Estados Unidos y temer por su seguridad en su país de origen, recibió una negativa de asilo y la opción de aceptar una salida voluntaria o enfrentar una orden de expulsión.
En otro incidente en Texas, Wilber Rafael Garcés Pérez, un ciudadano venezolano de 28 años, enfrenta cargos penales que podrían derivar en una sentencia de hasta 20 años de prisión. Garcés Pérez, quien resultó herido de bala por un agente migratorio, es acusado por el gobierno federal de agresión tras un altercado vial en el que, según las autoridades, intentó atropellar a un oficial.
