En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, senadoras de Morena y representantes de organizaciones civiles anunciaron una jornada de cabildeo en las entidades donde la interrupción voluntaria del embarazo aún permanece penalizada. El objetivo es que los gobiernos estatales, secretarías de salud y congresos locales acaten la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021, la cual establece que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por esta decisión.
Las legisladoras Martha Lucía Mícher, Guadalupe Chavira de la Rosa y Margarita Valdez, acompañadas por integrantes de Equidad de Género, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señalaron que, aunque 24 estados ya han acatado el criterio de la Corte, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas mantienen leyes que contravienen este mandato.
Durante la conferencia de prensa, las activistas y legisladoras advirtieron que la despenalización legal es solo el primer paso. Denunciaron que, incluso en estados donde el aborto es legal, persisten barreras estructurales como la falta de medicamentos, la escasez de personal no objetor de conciencia, horarios limitados y la concentración de servicios únicamente en las capitales, lo que obliga a las mujeres a recorrer largas distancias.
"Los avances son resultado de décadas de lucha de mujeres y organizaciones feministas, pero aún se debe garantizar información, atención médica y acompañamiento, sin que el lugar donde se vive o la condición económica limiten el ejercicio de este derecho", afirmó Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Por su parte, Guadalupe Chavira de la Rosa hizo un llamado para que, en la discusión del paquete presupuestal de 2027, se asignen recursos suficientes para fortalecer las instituciones encargadas de estos programas. Las organizaciones insistieron en que el delito de aborto debe ser eliminado por completo de los códigos penales estatales.
