El Senado de la República avaló por unanimidad, con 104 votos a favor y ninguno en contra o en abstención, una reforma a la Ley General de Turismo destinada a combatir la explotación sexual de niños y adolescentes en el sector. La nueva normativa establece que los prestadores de servicios turísticos deberán exigir a los adultos que viajen con menores que acrediten el parentesco, la patria potestad, tutela o custodia mediante documentos oficiales.
En caso de no acreditarse la relación o la mayoría de edad de los acompañantes, los prestadores de servicios tendrán la obligación de negar el servicio y dar aviso inmediato a las autoridades investigadoras sobre la posible comisión de un delito. Asimismo, la reforma obliga a las empresas del sector —incluyendo hoteles, moteles, transporte terrestre, aéreo o marítimo, establecimientos de alimentos y centros de entretenimiento— a implementar protocolos preventivos definidos por las autoridades.
El documento fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Durante la sesión, se citaron datos de la organización World Vision que señalan a México como el segundo país destino para la explotación sexual de menores y el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que entre 17 mil y 20 mil menores de edad se encuentran atrapados en redes de explotación sexual, señalando que las plataformas digitales han incrementado los riesgos. Por su parte, la senadora priísta Carolina Viggiano vinculó la vulnerabilidad de las víctimas con la pobreza y criticó la eliminación de programas institucionales previos. En respuesta, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña cuestionó la postura de la oposición, señalando la falta de acciones contundentes durante administraciones anteriores. La iniciativa, que integra propuestas de Morena, Acción Nacional y el Partido del Trabajo, había sido aprobada en la Cámara de Diputados en abril de 2025 y en comisiones del Senado en octubre pasado, permaneciendo pendiente de discusión en el pleno durante un año.
