En una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detallaron las medidas incluidas en el Paquete Económico 2027, diseñadas para combatir la elusión y evasión fiscal mediante un control más estricto sobre las deducciones y pérdidas de las compañías.

La dependencia, encabezada por Édgar Amador Zamora, propone que las empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos que hayan reportado utilidades no puedan solicitar deducciones que excedan el 96.7% de sus ingresos acumulables. Para aquellas empresas que no recurren a esquemas de planeación fiscal agresiva, el límite propuesto se establece en 99%.

Adicionalmente, se plantea limitar la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal por ejercicio. Como medida compensatoria, el plazo legal para deducir dichas pérdidas, junto con las deducciones pendientes, se ampliará de 10 a 20 años.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, señaló que se ha detectado un abuso en el exceso de deducciones que erosiona la base gravable. Según el funcionario, las empresas que pagan menos ISR llegan a utilizar hasta un 10% de facturas falsas. Lerma contrastó esta situación con otros regímenes: “Las pequeñas empresas que hoy están en este esquema, menores a 35 millones de pesos, o en caso de personas físicas menores a 3.5 millones, están pagando 2.5% de los ingresos como contribución, y del otro lado están todas las personas asalariadas, que dicho sea de paso, somos el mayor número de contribuyentes, pagan tasas efectivas que rondan arriba de 20%”.

El subsecretario enfatizó que estas iniciativas buscan alinear el sistema fiscal con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. “La propuesta aquí planteada está sustentada en las mejores prácticas y recomendaciones internacionales. Con ello se garantiza una contribución proporcional y equitativa del gasto público acorde a la realidad económica, con el claro propósito de cumplir con el deber nos mandata la sociedad y es un principio que está reconocido jurisprudencialmente”, concluyó.