GUADALAJARA, Jal. — Una jornada de protesta que congregó a miles de ciudadanos en la capital de Jalisco terminó en un operativo de represión policial el lunes 12 de octubre de 2026. Los manifestantes, que marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, exigían soluciones ante la mala calidad del agua que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara.
El conflicto escaló cuando un grupo de inconformes intentó derribar las vallas metálicas que protegían la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. En respuesta, elementos antimotines utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a la multitud, lo que resultó en un número indeterminado de personas lesionadas, incluyendo menores y adultos mayores. Según el reporte oficial del gobierno estatal, el saldo del enfrentamiento fue de 39 personas detenidas —21 hombres y 18 mujeres— y 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad: uno con fractura de cráneo, pómulo y nariz, y otro que perdió un dedo tras ser agredido con un tubo.
Las cifras de asistencia fueron motivo de controversia: mientras los organizadores estimaron la participación en 20 mil personas, las autoridades estatales reportaron 10 mil, cifra que contradice el reporte previo de Protección Civil Jalisco, que contabilizó 4 mil 500 asistentes. Tras la dispersión, cerca de 6 mil 500 personas se trasladaron al palacio de gobierno, mientras otros grupos se manifestaron frente a la fiscalía estatal para exigir la liberación de los arrestados.
Instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara y el Iteso confirmaron que estudiantes de sus comunidades se encuentran entre los detenidos, exigiendo a las autoridades el respeto a su integridad y el debido proceso. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó la apertura del acta de investigación 41 tras recibir cinco quejas por abuso de autoridad.
El gobierno de Jalisco atribuyó la violencia a un "grupo de choque" de aproximadamente 400 personas, señalando que la marcha original era pacífica. Esta crisis hídrica se ha agudizado desde marzo, provocando cuestionamientos sobre la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). El pasado 23 de marzo, el gobernador Lemus destituyó al entonces director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, nombrando a Ismael Jáuregui Castañeda en su lugar. Recientemente, el 6 de octubre, el mandatario anunció un plan de emergencia y tandeos, además de presentar una iniciativa para la construcción de un nuevo acueducto, medidas que los ciudadanos consideran insuficientes.
