LA PAZ, Bolivia. — La crisis institucional en el sistema de justicia boliviano se profundizó este sábado con la renuncia de Luis Carlos Torrez, fiscal del departamento de La Paz. Su salida ocurre tras el registro de las oficinas del organismo por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de una investigación que ya ha resultado en la detención de figuras clave de la magistratura, incluyendo al máximo responsable, Roger Mariaca, así como a los fiscales de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y de Sucre, Martín Irusta Flores.
Las autoridades han imputado formalmente a Mariaca, Zeballos e Irusta por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal. El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó ante el Parlamento que la Fiscalía ha solicitado una medida de prisión provisional de seis meses para los tres funcionarios.
El caso ha trascendido las fronteras, provocando que el Departamento de Estado de Estados Unidos impusiera sanciones contra el fiscal general y otros exfuncionarios, prohibiéndoles el ingreso a territorio estadounidense. Washington ha señalado específicamente a Mariaca por “abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
En respuesta a la situación, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, promulgó una nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta normativa permite a la Cámara suspender de manera directa al fiscal general del Estado cuando sea imputado por delitos graves. Según explicó Diego Ávila, presidente de la ALP, la ley también faculta a las autoridades políticas a designar a un fiscal interino por un periodo de tres meses.
