La incertidumbre derivada de la reforma judicial ha comenzado a alterar el panorama empresarial en México. Según el primer Monitor Judicial de Data Coparmex, en el que participaron 3,721 empresas de 71 centros empresariales, el 67.8% de los consultados reportó un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión, frente a un 3.6% que identificó efectos positivos.

El informe detalla que el 28.8% de las compañías ha optado por reducir o posponer proyectos, mientras que un 38.9% adicional ha decidido actuar con mayor cautela antes de comprometer capital. La preocupación central radica en la seguridad jurídica: el 55.9% de los encuestados considera que ha disminuido la certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo, mientras que solo el 3.3% percibe una mejora en estos rubros.

Ante este escenario, las empresas han comenzado a blindarse. El 46.3% ya ha modificado sus estrategias de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o nuevas estrategias de litigio, y un 34.5% adicional se encuentra evaluando cambios. En total, el 80.8% de las empresas ya tomó medidas o analiza cómo reforzar su protección, lo que Coparmex califica como un costo adicional de operación derivado de la incertidumbre.

El organismo empresarial advirtió que el nuevo Poder Judicial enfrenta además un rezago significativo. Citando cifras del Órgano de Administración Judicial, Coparmex señaló que 210,459 asuntos federales, equivalentes al 62.7% de los casos integrados y susceptibles de resolución, acumulan más de 90 días sin sentencia. Ante este panorama, Coparmex propone evaluar el nuevo modelo judicial mediante indicadores claros sobre tiempos de resolución, independencia de los juzgadores y previsibilidad de los criterios, factores que las empresas consideran esenciales para determinar si un proyecto puede materializarse.