El pasado 29 de septiembre, las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera dieron luz verde al dictamen que pretende establecer un mecanismo de revisión para inversiones extranjeras en sectores estratégicos. La propuesta, que ahora deberá ser discutida en el pleno del Senado, busca equilibrar la protección de activos críticos con la atracción de capital, aunque el proyecto ha generado un intenso debate sobre sus posibles efectos en la competitividad del país.
El mecanismo propuesto se activaría bajo tres condiciones concurrentes: una participación extranjera superior al 49%, activos que superen un umbral determinado por la comisión y la presencia en sectores clave. Entre las áreas sujetas a escrutinio se encuentran la infraestructura energética, transporte, comunicaciones, minería, sistemas digitales, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares y aeroespaciales, además del acceso a datos personales e información sensible.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, defendió la iniciativa argumentando que México requiere fortalecer sus capacidades de evaluación. “México no tiene que escoger entre inversión y soberanía. Podemos y debemos tener ambas”, afirmó. Bajo este esquema, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendría la facultad de declarar viable una operación, imponer medidas de mitigación o impedirla por razones de seguridad nacional.
Uno de los cambios más significativos es la ampliación de la comisión de 10 a 14 integrantes, incorporando con voz y voto a las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta inclusión ha sido cuestionada por el PAN, debido a la naturaleza militar de algunas dependencias en un órgano económico. Por su parte, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF participarían con voz pero sin voto.
El proyecto enfrenta voces críticas incluso dentro de la alianza oficialista. La senadora Yeidckol Polevnsky advirtió que el mecanismo podría contradecir los esfuerzos gubernamentales para atraer inversiones, como los incentivos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Polevnsky cuestionó además que México adopte criterios similares a los de Estados Unidos, señalando que estos modelos suelen tener sesgos contra países asiáticos, principalmente China, y podrían entrar en conflicto con la soberanía nacional.
Aunque el plazo para resolver solicitudes se redujo de 60 a 45 días hábiles, legisladores como Miguel Márquez Márquez, del PAN, expresaron preocupación por la falta de previsibilidad para los inversionistas, especialmente ante la posibilidad de que la comisión amplíe el catálogo de actividades sujetas a revisión. El debate legislativo continúa, con el desafío de definir con mayor precisión qué constituye un riesgo a la seguridad nacional en el ámbito económico.
