El proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF) contempla otorgar mayores facultades a la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), encabezado por la magistrada Celia Maya García. El objetivo es dotar al organismo de una estructura capaz de indagar posibles actos contrarios a la ley cometidos por jueces y magistrados, contando con un cuerpo de “agentes investigadores” con la potestad de requerir información a autoridades administrativas y de procuración de justicia, además de imponer multas por quejas sin fundamento.
La propuesta establece una división de competencias: el TDJ se encargará de las faltas del personal jurisdiccional, mientras que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) atenderá las irregularidades del personal administrativo y los incumplimientos de obligaciones patrimoniales de todo el personal. Para mejorar la eficiencia y celeridad, se crearán órganos auxiliares bajo la supervisión del pleno, facultados para dictar medidas cautelares y aprobar políticas de mejora institucional.
Asimismo, se propone la creación de una unidad especializada para asuntos de atención prioritaria. Esta instancia investigará de oficio, mediante herramientas tecnológicas, los casos de mayor gravedad o impacto, con el fin de ofrecer una respuesta inmediata. Las indagaciones en esta unidad deberán concluir en un plazo máximo de tres meses, reduciendo a la mitad el tiempo previsto para los asuntos ordinarios.
En cuanto a la organización electoral, la iniciativa prevé la instalación de casillas conforme al tamaño del padrón electoral, que actualmente cuenta con 103 millones de ciudadanos. Para la elección de 2027, se estima la instalación de aproximadamente 176 mil 741 mesas receptoras de voto, replicando la ubicación de las elecciones ordinarias federales o locales. El artículo 528 de la iniciativa enfatiza que las autoridades electorales deberán garantizar que la jornada electoral judicial se desarrolle sin la intervención de representantes de partidos políticos.
Este planteamiento cobra relevancia tras la experiencia de la primera elección judicial, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló 83 mil 974 casillas seccionales, cifra que representó la mitad de lo proyectado debido a un recorte presupuestal, al recibir 6 mil 200 millones de pesos de los 13 mil millones solicitados a la Cámara de Diputados.
