CIUDAD DE MÉXICO. — El proyecto de licuefacción de gas natural Amigo GNL se encuentra actualmente en un limbo legal que impide el inicio de sus obras. A pesar de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) emitió una autorización ambiental el 13 de abril de 2026, el proyecto enfrenta dos suspensiones definitivas dictadas por jueces federales que frenan cualquier actividad de infraestructura.
La controversia escaló cuando la ASEA, órgano desconcentrado de la Semarnat, informó inicialmente a un juzgado el 20 de mayo que no había otorgado permisos ambientales para el proyecto. Sin embargo, tras una investigación de la coalición ¿Ballenas o Gas?, se reveló que la empresa había declarado ante el Departamento de Energía de Estados Unidos contar con dicho aval. Posteriormente, la ASEA reconoció la existencia del resolutivo, detallando que el proceso de evaluación inició el 26 de noviembre de 2025, con una consulta pública realizada entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la legitimidad del proyecto, aclarando que tanto Amigo GNL como la planta en Puerto Libertad, Sonora, fueron autorizados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según la mandataria, estos proyectos forman parte de acuerdos para la exportación de gas hacia Asia y fueron concebidos bajo la premisa de fortalecer la soberanía energética mediante el almacenamiento de gas en territorio mexicano.
No obstante, la realidad operativa es distinta. El 18 de septiembre, la organización Nuestro Futuro obtuvo una segunda suspensión definitiva. Nora Cabrera, abogada y directora ejecutiva de la organización, señaló: “Presentamos una ampliación de demanda para impugnar esa autorización ambiental. Y la juez de distrito nos concedió otra vez una suspensión definitiva, diciendo que no puede surtir efectos la autorización ni puede iniciarse con la construcción material de nada del proyecto”.
Aunque la empresa cuenta con permisos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para almacenar gas por 30 años y licuarlo por 15, la vía judicial sigue siendo el principal obstáculo. La ASEA, por su parte, ha defendido su resolución argumentando que el proyecto incluye condicionantes estrictas, como la prohibición de obras en la zona marítima entre diciembre y abril, un límite de 60 arribos de buques metaneros al año y protocolos de monitoreo para proteger la biodiversidad del Golfo de California. Para los opositores, estas medidas son insuficientes ante el impacto ambiental que, aseguran, es irreversible.
