La reciente ola de reformas legislativas en América Latina para prohibir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso ha generado un intenso debate sobre sus verdaderas motivaciones. México fue el pionero en 2023, seguido en 2026 por El Salvador, con una reforma a su ley aduanera en marzo; Guatemala, mediante un acuerdo ministerial; Colombia, con el Decreto 1444 de septiembre; y Costa Rica, que emitió un decreto el 28 de septiembre para establecer una lista oficial de bienes vetados. Argentina, aunque carece de una ley formal, ha suscrito compromisos por escrito al respecto.
El trasfondo de estas medidas parece ser la presión comercial ejercida por Estados Unidos. El 23 de julio, el presidente Donald Trump confirmó la imposición de recargos arancelarios de entre el 10 y el 12,5 por ciento para aquellas naciones que no prohíban o no apliquen eficazmente el veto a productos derivados de trabajo forzoso. En este esquema, Colombia y Costa Rica enfrentarían tasas del 12,5 por ciento. Aristeo López, director sénior de Clark Hill Public Strategies, señala que incluso el caso mexicano respondió a compromisos del T-MEC y no a una iniciativa propia.
El objetivo central de Washington es contrarrestar la competencia de China, país al que acusa de prácticas desleales. El modelo estadounidense, basado en la Ley contra el Trabajo Forzoso de la etnia uigur (UFLPA) vigente desde 2022, busca ser universalizado para evitar que los bienes bloqueados en un mercado se desvíen hacia otros. Sin embargo, la implementación en la región enfrenta retos significativos. En México, a pesar de la prohibición vigente desde mayo de 2023, un informe del Departamento de Estado indica que no se han retenido mercancías bajo este concepto. En 2023, la organización Empower solicitó investigar cámaras de vigilancia de las firmas chinas Dahua y Hikvision, utilizadas por el gobierno de Ciudad Juárez, pero la Secretaría del Trabajo desechó la petición en noviembre por falta de pruebas exhaustivas.
Expertos como Ricardo Rezende, profesor de la Universidad de Río de Janeiro, cuestionan la eficacia de estas leyes. "Considero que, en realidad, Estados Unidos no está preocupado con la violación de los derechos humanos. Es un pretexto usado por Trump para aumentar las tasas de importación de muchos países", afirmó. Mientras tanto, Brasil se mantiene como una excepción al no legislar específicamente sobre comercio exterior, argumentando que su Código Penal y su "Lista Sucia" de explotadores, vigente desde 2003, son herramientas suficientes y más avanzadas que las estadounidenses para combatir la esclavitud moderna.
