FORT HOOD, Texas — El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que la ejecución de Nidal Hasan, exmayor del ejército responsable del asesinato de 13 soldados desarmados en Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que la medida busca que la ciudadanía comprenda las consecuencias graves de este tipo de crímenes. La ejecución, que también dejó a otros 32 soldados heridos, está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas.
Voces de los sobrevivientes
Alonzo Lunsford, exsargento que recibió siete disparos durante el ataque, expresó su postura sobre el proceso. Aunque considera que el fusilamiento es un método "apropiado" para Hasan —argumentando que la inyección letal sería "hacerle un favor"—, Lunsford manifestó su rechazo a la transmisión pública: "No es algo que deba ser visto como entretenimiento". El sobreviviente, quien ha perdonado a Hasan por motivos personales, enfatizó que su deseo es estar presente para que el atacante lo mire a los ojos antes de la ejecución.
Contexto legal y controversia
La decisión ha enfrentado críticas significativas. Expertos legales han advertido que la transmisión podría enfrentar impugnaciones judiciales exitosas. Voces políticas también se han alzado en contra; el senador demócrata Chris Murphy calificó la idea como "repugnante", mientras que el senador republicano Thom Tillis señaló que las ejecuciones públicas son prácticas propias de "dictadores opresores", añadiendo que "esto no debería estar ocurriendo en Estados Unidos".
Antecedentes del caso
Hegseth, en una entrevista previa, calificó el método del pelotón de fusilamiento como algo que "debe ser". Esta sería la primera ejecución militar por fusilamiento desde enero de 1945, cuando el desertor Eddie Slovik fue ejecutado. La decisión fue recomendada por el secretario de Defensa y aprobada por el presidente Donald Trump, según indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Nidal Hasan, un psiquiatra del ejército originario de Virginia, admitió ante un tribunal en 2013 ser responsable del tiroteo, argumentando que buscaba proteger a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán. El ataque del 5 de noviembre de 2009 es considerado el atentado no bélico más mortífero en una base militar estadounidense. La pena de muerte militar, que requiere la aprobación presidencial, fue restablecida en 1984 mediante una orden ejecutiva de Ronald Reagan, tras haber sido declarada inconstitucional en 1983. Desde su regreso al cargo en enero, el presidente Trump ha impulsado el uso de la pena capital como una herramienta esencial para disuadir crímenes atroces.
