A pesar de que la región ha liderado históricamente el camino hacia la eliminación de la pena capital —con Venezuela como el primer país del mundo en prohibirla en 1863—, la realidad jurídica en Latinoamérica es heterogénea. Mientras el debate global se intensifica tras el reporte de Amnistía Internacional que registró 2,707 ejecuciones a nivel mundial en 2025, un incremento del 78% respecto al año anterior, varios países latinoamericanos conservan la pena de muerte en sus marcos legales bajo supuestos específicos.
En Cuba, el nuevo Código Penal aprobado en 2022 mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad, aunque existe una moratoria vigente desde el año 2000, interrumpida únicamente en 2003 por el fusilamiento de tres jóvenes acusados de secuestro. El gobierno cubano ha señalado que la aplicación de esta sanción tiene un carácter "muy excepcional" y ha condicionado su abolición total al cese de la política de agresión de Estados Unidos.
Por su parte, Guatemala es clasificado como un país "abolicionista solo para delitos comunes". Aunque la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la pena de muerte para asesinatos y otros delitos en 2016 y 2017, la sanción persiste en el Código Militar bajo el Decreto 214 de 1878. Eddy Morales, especialista en criminología, explica que, si bien la norma existe, su aplicación es prácticamente nula debido a las restricciones impuestas por el Pacto de San José.
Otros países como Chile, Perú, Brasil y El Salvador también figuran en la lista de naciones que mantienen la pena capital exclusivamente para delitos cometidos en tiempos de guerra o traición a la patria. En Chile, el Código de Justicia Militar la conserva para casos gravísimos; en El Salvador, se limita a estados de guerra internacional; y en Perú, la Constitución de 1993 la reserva para traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Finalmente, Amnistía Internacional señala que naciones del Caribe como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, mantienen la pena de muerte para delitos comunes.
