TOLUCA, Edomex. — Como resultado de la estrategia denominada Operación Enjambre, diseñada para desarticular los vínculos entre autoridades municipales y organizaciones criminales, las autoridades han logrado sentencias condenatorias contra 27 ex funcionarios públicos. Las penas acumuladas por estos individuos superan los mil 200 años de prisión por delitos que incluyen homicidio, extorsión y secuestro.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha procedido contra más de 60 funcionarios de diversas demarcaciones. El origen de esta investigación se remonta al hallazgo de restos humanos de 10 personas en pozos del municipio de Nicolás Romero en 2024, evento que reveló la infiltración de grupos criminales en las policías municipales y las administraciones locales, creando redes de protección para actividades ilícitas.
El primer despliegue operativo ocurrió el 22 de noviembre de 2024, resultando en la detención de más de 10 servidores públicos, entre ellos directores de seguridad y presidentes municipales. Entre los casos destacados se encuentra el de María Elena Martínez Robles, ex edil de Amanalco, sentenciada a 70 años de prisión por el homicidio del secretario del ayuntamiento, tras comprobarse su relación con el grupo criminal La Familia Michoacana, a quienes entregaba sumas de dinero semanalmente.
Asimismo, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, recibió una condena de 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión, al acreditarse su protección al Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue sentenciado a 50 años de cárcel por secuestro exprés con fines de robo.
Actualmente, la Fiscalía continúa con los juicios contra la ex presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Rosario Matías, y su esposo, Luis Hernández, alcalde electo del mismo municipio, ambos señalados por colaborar con La Familia Michoacana. Las autoridades reiteraron que la Operación Enjambre es permanente y se mantienen en curso investigaciones contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores.
