El próximo martes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expondrá su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General. En dicho documento, el organismo planteará públicamente la necesidad de que el caso de México sea sometido a revisión por el pleno del máximo órgano deliberativo para obtener apoyo internacional ante la crisis de seguridad.
La situación ha generado una intensa actividad diplomática en Nueva York, donde tanto el gobierno federal como organizaciones de la sociedad civil y familias de víctimas buscan influir en la postura de los estados parte. Mientras los colectivos denuncian una crisis que supera los 130 mil reportes de desaparición y una tasa de impunidad superior al 90 por ciento, el gobierno mexicano sostiene una postura distinta. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, encabeza la delegación oficial que defiende los avances gubernamentales en la materia.
Como parte de las acciones de la sociedad civil, el 19 de octubre se llevarán a cabo tres mesas de diálogo en el Centro Eclesial para Naciones Unidas, con la participación de colectivos como Hasta Encontrarte, Fuundec Coahuila, Amnistía Internacional México e Idheas, además de la relatoría especial de la ONU sobre defensores. Estas organizaciones buscan visibilizar las dilaciones en las búsquedas y las agresiones contra familiares buscadores.
Por su parte, el gobierno de México ha rechazado la propuesta del CDF de someter al país ante la Asamblea General. El pasado viernes, funcionarios presentaron los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, destacando la localización de casi 16 mil personas en lo que va de 2026 y la creación de un grupo de especialistas para revisar las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El subsecretario Medina ha mantenido reuniones con representantes permanentes de Uruguay, Perú, España y Costa Rica para exponer estos puntos.
Juan Pablo Albán, presidente del CDF, confirmó que durante su comparecencia del 20 de octubre abordará la aplicación del artículo 34 de la Convención contra las desapariciones forzadas. Este mecanismo se activa ante indicios de una "práctica generalizada o sistemática" en un país, lo que permitiría abrir nuevas vías de cooperación internacional para atender la problemática en México.
