En una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada este viernes 2 de octubre de 2026 en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución que exige al gobierno de Daniel Ortega la celebración de elecciones y la liberación incondicional de los presos políticos. La medida surge como respuesta al reciente anuncio del mandatario nicaragüense sobre la cancelación de futuros procesos electorales en el país.
El documento, respaldado por unanimidad, demanda además la recuperación de la separación de poderes, la localización de personas desaparecidas y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. Aunque el texto no contempla sanciones directas contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se acordó la creación de un grupo voluntario encargado de buscar un diálogo con el régimen. El grupo deberá presentar recomendaciones en un plazo de 90 días.
La convocatoria contó con una asistencia limitada de ministros de Exteriores; de los 32 Estados miembros activos, solo siete enviaron a sus cancilleres: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. El resto de las delegaciones fueron representadas por funcionarios de menor rango. Cabe recordar que Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, lo que limita la capacidad del organismo para imponer medidas de aislamiento o sanciones.
La resolución fue impulsada por un bloque conformado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. Durante la sesión, Brasil expresó su rechazo a cualquier mención que calificara a Nicaragua como una amenaza para la paz y seguridad regionales, manteniendo la postura que mostró al votar en contra de la convocatoria de la reunión.
En el ámbito diplomático, el canciller dominicano, Víctor Bisonó, confirmó el cierre de la embajada de su país en Nicaragua ante el deterioro democrático. Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó como "urgente" la recuperación del orden constitucional y exhortó a los Estados miembros a considerar herramientas como sanciones económicas que no perjudiquen a la población civil.
