BAGDAD, Irak. — En un entorno donde la violencia sexual es un tema tabú y el sistema judicial es percibido como ineficaz, las mujeres iraquíes han comenzado a utilizar sus teléfonos móviles como una herramienta de defensa. Sarah Jassim, activista por los derechos de las mujeres, publica en su cuenta de Instagram videos donde confronta a hombres que cometen actos de exhibicionismo o acoso en la vía pública. "Tu cámara es tu arma", asegura Jassim, quien sostiene que estas grabaciones sirven como evidencia para denunciar o, al menos, exponer públicamente a los agresores. Según la activista, uno de los videos compartidos permitió la detención de un policía acusado de acosar a estudiantes.
La labor de Jassim conlleva riesgos significativos. La activista ha recibido amenazas de muerte y advertencias de ataques con ácido, lo que la ha obligado a limitar sus salidas. El panorama legal en Irak es complejo; el acoso y la violencia de género no están tipificados explícitamente en el código penal. Un informe de la ONU publicado en mayo señaló que la violencia contra mujeres y niñas es "generalizada y no se denuncia lo suficiente", instando a las autoridades a derogar leyes que permiten penas reducidas en "crímenes de honor" o que exoneran a violadores si se casan con sus víctimas.
Casos como el de Amal (pseudónimo) ilustran la desesperación de las víctimas. Amal ha luchado durante cinco años en los tribunales para denunciar a su exmarido por la violación de su hija, quien era menor de 18 años al momento de los hechos. A pesar de contar con pruebas médicas y de ADN, el proceso se ha estancado, el agresor permanece prófugo y la familia de la víctima ha evadido el apoyo. "Luché completamente sola", relata Amal.
La inseguridad para las defensoras de derechos humanos es crítica. En marzo pasado, la reconocida activista Yanar Mohammed fue asesinada frente a su casa en Bagdad por hombres armados. Expertos de la ONU indicaron que Mohammed había sido blanco de amenazas de milicias religiosas extremistas durante años. Mustafa Saadoon, director del Observatorio Iraquí de Derechos Humanos, enfatizó que el sistema no está preparado para escuchar a las mujeres, obligándolas a enfrentar barreras en sus familias, comisarías y tribunales.
Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior, Muqdad Miri, reconoció que existen casos de acoso por parte de agentes policiales, aunque los calificó como "muy pocos" y sujetos a penas de hasta 10 años de prisión. Miri admitió que la policía ha recibido cerca de 300 denuncias de violencia sexual en lo que va del año, pero reconoció que la cifra real es superior debido a que "muchos casos nunca llegan a la policía debido a la sociedad, las costumbres y las tradiciones".
