CIUDAD DE MÉXICO, CDMX. — Ante las versiones que circulan sobre posibles afectaciones a la propiedad privada, legisladores de Morena en el Congreso capitalino salieron al paso para desmentir que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tenga facultades para modificar usos de suelo, fijar impuestos prediales o restringir derechos de propiedad. Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, enfatizó que el documento funciona exclusivamente como una guía estratégica para la toma de decisiones gubernamentales.
El proyecto, desarrollado en conjunto con los estados de México, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), busca establecer una hoja de ruta para atender problemáticas críticas como la gestión del agua, el manejo de residuos sólidos, la movilidad, el transporte, la seguridad y el medio ambiente. Según Vanegas Arenas, el programa es un instrumento de planeación diseñado para beneficiar a los casi 23 millones de habitantes de la región.
El legislador recordó que este proceso se originó en el Consejo de Desarrollo Metropolitano el pasado mes de agosto, donde gobernadores, legisladores y autoridades federales acordaron una ruta de trabajo que incluye una consulta pública de 60 días. Durante este periodo, se llevarán a cabo diversos foros y actividades de participación ciudadana.
"Hay algunos mitos, que ha querido, como siempre, poner la oposición sobre la mesa, cosas que no son, que son totalmente falsas, como que se va a modificar el uso de suelo, es totalmente falso; también han dicho que va a aumentar el impuesto predial, que va a haber una rezonificación del suelo, totalmente falso, tampoco tiene que ver con un orden distinto de gobierno o con más burocracia", declaró el diputado.
El documento oficial subraya que el programa no sustituye planes, programas o normativas vigentes, ni altera límites territoriales. Asimismo, se especifica que los proyectos derivados deberán seguir los cauces institucionales correspondientes, ya que el programa no asigna recursos de manera directa para su ejecución.
