BANGUI, República Centroafricana — La incertidumbre y el miedo marcan el día a día de un grupo de migrantes latinoamericanos que, tras ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fueron trasladados contra su voluntad a la República Centroafricana. Entre los afectados se encuentran los nicaragüenses Kenis López, Luis Carlos Mendoza e Isaac Cruz, quienes aseguran haber sido víctimas de maltrato físico durante el proceso de deportación.
Kenis López, de 45 años, relató que el 28 de agosto fue subido a un vuelo con destino a África tras ser detenido en Mineápolis, Minnesota. Según su testimonio, al resistirse a abordar, agentes de ICE utilizaron balas de goma, una versión respaldada por fotografías de hematomas que fueron analizadas por expertos médicos como Rohini J. Haar, de Physicians for Human Rights, quienes confirmaron que las marcas son compatibles con proyectiles de bajo impacto letal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado cualquier abuso, insistiendo en que se está aplicando la ley vigente.
El caso resulta particularmente complejo debido a que varios de los deportados contaban con resoluciones de tribunales de inmigración que les otorgaban protección contra la remoción, bajo el argumento de que sus vidas correrían peligro en sus países de origen. A pesar de presentar esta documentación, fueron trasladados a centros de detención en Texas y Luisiana antes de su expulsión final. El DHS sostiene que, ante la imposibilidad de devolverlos a sus países de origen, la ley les obliga a encontrar un "tercer país seguro".
Desde su llegada a Bangui, los migrantes permanecen bajo la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en condiciones que describen como precarias, con servicios básicos intermitentes y una sensación de encierro. Según informes de organizaciones como Human Rights First y Refugees International, desde enero de 2025, el gobierno estadounidense habría establecido acuerdos con más de 35 países para estas deportaciones, afectando a más de 23,000 personas, aunque el gobierno estadounidense mantiene la confidencialidad sobre los detalles diplomáticos de estos convenios.
