El Gobierno de México ha modificado la fracción arancelaria 9803.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, eliminando el arancel del 10% para la importación de kits de vehículos. Esta disposición abarca los esquemas Semi Knocked Down (SKD) y Completely Knocked Down (CKD), permitiendo que los automóviles lleguen al país desarmados para completar su montaje final sin necesidad de contar con una planta de manufactura integral desde el inicio.
Las autoridades justifican esta decisión argumentando la necesidad de mantener la competitividad de la industria automotriz frente a las restricciones comerciales internacionales y facilitar la llegada de nuevas líneas de producción al territorio nacional.
Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por especialistas. Erick Ramírez, director de Urban Science, advirtió que esta política podría limitar el desarrollo industrial del país. "Nos vuelven a nosotros 50 años atrás a maquiladores", señaló el experto, quien teme que México sacrifique capacidades productivas construidas durante décadas a cambio de operaciones centradas exclusivamente en el ensamblaje final.
El punto central de la crítica radica en que el decreto no establece una cuota mínima de contenido nacional ni obligaciones de transferencia tecnológica. Según Ramírez, una fábrica con procesos completos de carrocería y pintura puede emplear a unas 1,000 personas, cifra que podría multiplicarse hasta por cinco si se integra una cadena de proveedores locales. Con el modelo de kits, existe el riesgo de que una parte significativa de las piezas continúe llegando desde China, limitando la demanda de autopartes y el desarrollo de ingeniería en México.
Este cambio representa un giro respecto a la evolución histórica de la industria. En 1962, bajo la política de sustitución de importaciones, México impuso requisitos de integración nacional del 60% para evitar el simple ensamble de componentes importados. Posteriormente, la apertura comercial priorizó el contenido regional bajo tratados con Estados Unidos y Canadá. Al eliminar el arancel sin condicionar el beneficio a una integración mínima, Ramírez califica la medida como "una política industrial muy miope" y "una vuelta atrás 60 años".
