El reciente mecanismo de escrutinio para inversiones extranjeras en México enfrenta cuestionamientos sobre su eficacia. Según el reporte 'Mexico’s Road to Investment Screening: FDI Trends, Regulatory Gaps, and Policy Recommendations', elaborado por el Center for International Private Enterprise (CIPE) y el CELIS Institute, la estructura actual presenta vacíos significativos que podrían comprometer la seguridad económica nacional.
El marco legal vigente exige tres condiciones para activar la revisión obligatoria: que el inversionista extranjero busque adquirir más del 49% del capital, que los activos superen el monto fijado por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y que la operación se realice en actividades sensibles, tales como infraestructura estratégica, tecnologías críticas, productos de doble uso, insumos fundamentales y seguridad alimentaria.
Expertos consideran que el umbral del 49% es 'excesivamente alto' en comparación con estándares internacionales, que oscilan entre el 10% y el 25%. El informe recomienda reducir este límite al 25% o menos, e integrar un criterio monetario, como operaciones desde 5 millones de dólares, independientemente del porcentaje accionario. La preocupación radica en que participaciones menores pueden otorgar influencia significativa en la toma de decisiones, acceso a tecnología o información sensible, tal como ilustra el caso de Fernando Chico Pardo, quien con el 25% de Grupo Financiero Banamex asumió la presidencia del Consejo de Administración.
La creación de este mecanismo ha contado con la asesoría técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de un Memorándum de Intención firmado en diciembre de 2023 entre Hacienda y el Tesoro estadounidense. El objetivo es emular el modelo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).
Otro punto crítico identificado es la exclusión de los proyectos 'greenfield' —nuevas instalaciones construidas desde cero—. En 2024, estos proyectos sumaron cerca de 45,000 millones de dólares en anuncios, superando ampliamente los 5,300 millones destinados a adquisiciones de empresas establecidas. El reporte sugiere incluir estos proyectos en la revisión cuando involucren sectores estratégicos.
Finalmente, el Observatorio Global de la Cámara de Diputados advierte que la falta de criterios precisos en las categorías de actividades sensibles podría generar incertidumbre jurídica. Se propone adoptar herramientas como la consulta voluntaria, similar a la utilizada en España, para brindar mayor certeza a los inversionistas sobre si sus operaciones están sujetas a control.
