MADRID, España. — El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con problemas de movilidad que fue desalojada el pasado 23 de septiembre de su domicilio de siete décadas, ha dado un giro significativo este martes. Su abogada, Beatriz Duro, anunció que la anciana podrá regresar a su hogar tras alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble, Urbagestión.

El desalojo de Abascal, que requirió su ingreso hospitalario debido al impacto emocional y físico, generó una ola de indignación nacional. La firma de inversión Urbagestión, que adquirió la propiedad en 2018, había intentado elevar el alquiler de los 572 dólares mensuales originales a 3,020 dólares. Aunque posteriormente la empresa propuso una reducción a 1,700 dólares, la cifra seguía siendo inasequible para Abascal, cuya pensión mensual es de aproximadamente 1,400 dólares.

Beatriz Duro señaló en rueda de prensa que existió "buena voluntad por ambas partes" y confirmó que su clienta pagará una renta similar a la anterior bajo un nuevo contrato, evitando así el incremento desmedido. La abogada atribuyó este desenlace al impacto de la movilización social, destacando que el acuerdo se formalizará una vez que Abascal, quien actualmente recibe tratamiento por agotamiento, se encuentre en mejores condiciones de salud.

La situación de la anciana, cuyo padre alquiló la vivienda originalmente en 1956, se convirtió en un catalizador de protestas masivas. Miles de personas se manifestaron en la Puerta del Sol en Madrid, instalando campamentos para exigir una regulación más estricta en materia de vivienda. Ante este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido implementar medidas de alivio habitacional. El Banco de España estima que el país enfrenta un déficit de 700,000 viviendas, un factor que el Partido Socialista busca abordar mediante una nueva ley, a pesar de no contar con mayoría parlamentaria.