El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, presentó formalmente su renuncia al presidente Emmanuel Macron el domingo 18 de octubre de 2026, tras enfrentar severas críticas por la gestión policial durante las protestas del 17 de octubre. El Elíseo informó mediante un comunicado que el mandatario rechazó la dimisión, argumentando la necesidad de mantener un mando continuo sobre las fuerzas del orden ante la crisis actual.
Las movilizaciones, que comenzaron como protestas estudiantiles y reclamos por el alto costo de la vida, derivaron en los peores episodios de violencia urbana registrados en años. El saldo oficial reportado por las autoridades asciende a cerca de 2,400 personas detenidas y casi 1,000 policías y gendarmes heridos, además de múltiples saqueos e incendios en diversas ciudades francesas. Entre los daños materiales destaca el incendio de la Alcaldía de Limoges, lo que provocó críticas de los alcaldes de París, Marsella y Limoges hacia la actuación policial.
En una entrevista concedida este lunes a France Inter, Nuñez admitió su responsabilidad en los hechos: "Presenté mi dimisión a Macron porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo". El ministro reconoció que hubo una "pérdida de control" en algunas ciudades y admitió que el despliegue policial fue "asimétrico" respecto al volumen de manifestantes. Según sus cifras, el gobierno preveía una asistencia de 200,000 personas, pero la cifra final alcanzó los 500,000 manifestantes. Para contener la situación, el sábado se movilizaron 60,000 efectivos, incluyendo todas las fuerzas móviles, gendarmes y agentes de policía.
Ante este escenario, Macron instruyó a Nuñez a implementar nuevas medidas operativas para combatir a los alborotadores y garantizar la transparencia sobre los fallos de inteligencia y anticipación que permitieron los saqueos de cientos de comercios. Asimismo, el presidente advirtió en una declaración televisada el domingo por la noche que los responsables de los ataques a las instituciones republicanas, a quienes identificó junto con el ministro como "vándalos" y "activistas de extrema izquierda", deberán responder ante la justicia.
