La iniciativa de Ley de Economía Digital, actualmente bajo análisis en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, ha generado un intenso debate sobre sus alcances en materia fiscal y de seguridad financiera. Aunque el objetivo central, según José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, es la inclusión financiera y la facilitación de medios de pago, especialistas señalan efectos colaterales significativos.
Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México, explicó que la digitalización de pagos deja rastros financieros que facilitan la labor de la autoridad. "De entrar en vigor la nueva Ley, no se necesitará de un RFC, tener una contabilidad, ni declaraciones. Con la CURP, que es un requisito para las cuentas bancarias, tu identificación y tus movimientos de estados de cuenta ya pueden armar una auditoría", detalló Mendieta González. El experto enfatizó que, al estar en el sector financiero regulado, todas las cuentas son fiscalizables, desmintiendo la existencia de cuentas "no fiscales".
Por su parte, el sector contable ha solicitado blindar a los contribuyentes ante presunciones automáticas. Pedro Callejas Sánchez, del despacho de Asesores y Auditores Fiscales, S.C., advirtió que "la existencia de un pago digital no necesariamente significa que se trate de un ingreso acumulable", ya que las cuentas pueden recibir préstamos, traspasos o devoluciones que no representan ventas. Ante esto, el gremio insiste en que la ley debe evitar que toda operación digital se presuma automáticamente como ingreso fiscal.
En cuanto a la prevención de lavado de dinero, la diputada Merari Villegas Sánchez recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifica el uso de efectivo como una vulnerabilidad crítica. "Reducir poco a poco el uso de dinero en efectivo le quita terreno a la informalidad, la evasión fiscal y al lavado de dinero", afirmó la legisladora. La propuesta contempla que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) definan las normas técnicas y de ciberseguridad para la infraestructura de cobro, como terminales y códigos QR.
Finalmente, la iniciativa subraya que la digitalización permitirá a los pequeños negocios construir un historial financiero para acceder a créditos, además de reducir costos de transacción y riesgos asociados al manejo de efectivo. Peña Merino aclaró que esta propuesta no modifica el marco legal que regula la relación entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las instituciones financieras.
