La iniciativa de Ley de Economía Digital, promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra en la antesala de su aprobación tras haber recibido el visto bueno en comisiones de la Cámara de Diputados la semana pasada. Sin embargo, expertos han señalado vacíos críticos en el diseño del marco legal, específicamente la ausencia de sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones que impone.
Alberto Córdoba, socio del despacho Von Wobeser y Sierra, advirtió que, aunque la propuesta consta de 22 artículos, estos tienen un carácter programático que carece de consecuencias jurídicas para los sectores involucrados. "Son 22 artículos, nada más que parecerían una ley más programática, con ciertas obligaciones para varios sectores, pero sin dar una sanción en caso de incumplimiento", señaló el especialista.
El proceso legislativo contempla que, una vez aprobada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá un plazo de 15 días para definir los sectores estratégicos obligados a adoptar mecanismos de pago digital, seguidos de otros 15 días para la emisión de disposiciones reglamentarias. No obstante, Córdoba enfatizó que las leyes secundarias no pueden suplir la falta de un régimen sancionador en la ley primaria, por lo que instó a las comisiones del Congreso a revisar este punto para evitar que la norma sea difícil de implementar y carezca de fuerza coercitiva.
A pesar de las críticas, el especialista reconoció beneficios potenciales en la digitalización. Según sus estimaciones, el costo de manejar efectivo representa cerca del 1.5% del PIB, mientras que la pérdida de ingresos por falta de fiscalización alcanza el 2.6%, sumando un impacto cercano al 4% del producto. La trazabilidad que propone la ley es vista como una herramienta clave para combatir actividades ilícitas, como el robo de combustible, al permitir a las autoridades contrastar operaciones financieras con ingresos y egresos.
El sector financiero ha mostrado interés en la medida, no solo por la inclusión financiera, sino por el potencial de atraer más depósitos y usuarios. Sin embargo, el reto es mayúsculo: mientras que en países como China o Noruega el uso de efectivo ronda el 4%, en México supera el 40%, lo que refleja una brecha de bancarización significativa que complicará la transición hacia los pagos digitales.
