TEGUCIGALPA, Honduras. — En el departamento de Intibucá, la comunidad de Río Blanco mantiene viva la memoria de Berta Cáceres, la dirigente lenca cuyo asesinato el 12 de marzo de 2016 marcó un antes y un después en la defensa del medio ambiente en Honduras. Hoy, su hija Berta Zúñiga Cáceres, al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sostiene que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) de la familia Atala Zablah, fue desmantelado tras la presión judicial y social. David Castillo, ex gerente de la firma, cumple actualmente una sentencia de 22 años por su participación en el crimen.
La batalla legal, sin embargo, persiste. El Copinh busca ahora capturar al gerente financiero de DESA, miembro de la familia Atala, quien permanece prófugo. Zúñiga denuncia que los poderes fácticos, vinculados históricamente al golpe de Estado de 2006 y a la administración de Juan Orlando Hernández, continúan influyendo en el sistema judicial. Pese a que durante el gobierno de Xiomara Castro se revocaron licencias ambientales y de construcción de DESA, el riesgo de nuevos megaproyectos persiste bajo la actual Ley de Desarrollo Agroindustrial, que, según Zúñiga, facilita la invasión de territorios indígenas.
El Copinh mantiene litigios ante el Instituto Agrario para obtener títulos de propiedad comunitaria en ocho comunidades, buscando blindar sus tierras frente a los 51 proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros que surgieron tras el golpe de 2009. "Lo que nos enseñó mi mami es que hay que dar esperanza a la gente", afirma Zúñiga, recordando la frase que cuelga en el Campamento por la Vida frente a la Corte Suprema: "Me lo dijo el río: vamos a ganar".
