La crisis de vivienda en España ha escalado hasta convertirse en una preocupación central para la ciudadanía. El reciente desalojo temporal de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que residía en el centro de Madrid, ha reavivado las protestas sociales y puesto en evidencia la vulnerabilidad de diversos sectores de la población ante un mercado inmobiliario tensionado. Según datos de la Fundación FOESSA, en 2024, una de cada cuatro familias españolas reportó dificultades para acceder o mantener su vivienda. ### Un mercado desequilibrado El sector inmobiliario español enfrenta una paradoja estructural. Entre 1997 y 2008, el país construyó cinco millones de viviendas, un exceso que colapsó tras la crisis financiera de 2008. Actualmente, el déficit habitacional se estima en 750,000 unidades, cifra que el Banco de España advierte podría superar el millón en los próximos dos años si no se implementan medidas correctivas. Expertos como José García Montalvo, de la Universidad Pompeu Fabra, señalan que el sector quedó diezmado tras la crisis, pasando de construir 14 viviendas por cada 1,000 habitantes a solo dos. ### Factores de presión - Brecha salarial: Desde 2015, los precios de compra y alquiler han subido un 80%, mientras que los salarios apenas han crecido un 30%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En algunas ciudades, el alquiler promedio consume hasta el 98.7% del salario medio de un joven. - Demanda migratoria: La creación de un cuarto de millón de hogares netos al año, impulsada por la migración, presiona una oferta insuficiente. - Turismo y fondos: El auge del alquiler turístico y la actividad de fondos de inversión —que poseen cerca del 5% del mercado— han reducido la disponibilidad de inmuebles para residencia habitual. ### Desafíos demográficos y sociales El 47.3% de los jóvenes españoles de entre 26 y 34 años que aún viven con sus padres señalan la imposibilidad de costear una vivienda como la razón principal. Aunque las estadísticas oficiales muestran una disminución en los desahucios —24,520 casos en 2025 frente a los 39,096 de 2021—, los analistas advierten que esto oculta un desplazamiento de los inquilinos vulnerables por perfiles de mayor poder adquisitivo, como los nómadas digitales. Ante este panorama, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado medidas, incluyendo la suspensión de ciertos desahucios hasta 2030, las cuales permanecen a la espera de ser ratificadas por el Congreso.