Un juez de la Alta Corte de Londres declaró este jueves 8 de octubre de 2026 que la policía británica admitió la ilegalidad de los registros realizados en febrero pasado en las propiedades del expríncipe Andrés. Las diligencias se llevaron a cabo en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, al este de Inglaterra, y en su antigua vivienda en Windsor.
El juez Nicholas Hilliard, en sus primeras declaraciones públicas sobre el caso, precisó que la Policía del valle del Támesis reconoció haber utilizado una disposición legal inadecuada al solicitar las órdenes de registro, las cuales fueron emitidas el 18 de febrero de 2026 y ejecutadas al día siguiente. No obstante, el magistrado aclaró que esta resolución "no pone fin a la investigación ni significa que el conjunto de la investigación fuera ilegal".
Por su parte, la policía señaló que, aunque las órdenes fueron anuladas por el mismo tribunal el pasado 22 de julio, se encuentran evaluando los mecanismos legales para conservar las piezas incautadas durante el operativo. La institución enfatizó que el acuerdo de anulación se limita a la base jurídica empleada y no representa un juicio sobre la investigación en curso.
El expríncipe Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero debido a sus vínculos con el fallecido delincuente Jeffrey Epstein. Actualmente, las autoridades mantienen abierta una indagatoria por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, bajo la sospecha de que el antiguo duque de York transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein durante su gestión como enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011. Asimismo, la policía investiga una acusación de agresión sexual en su contra.
Andrew Mountbatten-Windsor, quien fue apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025, ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. Tras el escándalo, se vio obligado a abandonar Royal Lodge, en Windsor, para trasladarse a la finca privada del monarca en Sandringham, Norfolk.
