El 26 de septiembre de 2022, el mundo observó con asombro cómo enormes cantidades de gas metano burbujeaban en el mar Báltico, cerca de la isla de Bornholm. Aquel sabotaje, que destruyó tres de los cuatro ramales de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, marcó el fin de un megaproyecto energético que conectaba a Rusia con Alemania y que había requerido inversiones millonarias. Siete meses después del inicio de la guerra en Ucrania, este ataque alteró drásticamente el panorama energético europeo.
A partir del 14 de octubre, el ciudadano ucraniano Serhij K. comparecerá ante el Tribunal Superior Regional de Hamburgo. El acusado enfrenta cargos como coautor de crímenes de guerra por el uso de métodos prohibidos contra objetivos civiles, causar una explosión con explosivos, destrucción de infraestructura y perturbación de servicios públicos. Este proceso judicial ocurre en un momento de alta sensibilidad política, dado que Alemania ha acogido a cerca de 1.3 millones de refugiados ucranianos y mantiene un respaldo militar y financiero constante hacia el país invadido.
El caso ha sido aprovechado por fuerzas políticas como el partido Alternativa para Alemania (AfD) y la formación populista BSW, quienes abogan por terminar la ayuda a Ucrania y retomar el suministro energético ruso. Por otro lado, expertos como Henning Hoff, de la Sociedad Alemana de Política Exterior (DGAP), señalan que la explosión, al eliminar la capacidad de chantaje de Rusia sobre los mercados de gas, terminó beneficiando los intereses alemanes. Mientras tanto, el capitán de fragata Göran Swistek ha sugerido previamente que una operación de tal magnitud técnica y financiera probablemente requirió una estructura estatal detrás.
El Gobierno federal alemán enfrenta el dilema de mantener la independencia judicial sin permitir que Rusia instrumentalice el veredicto. Roderich Kiesewetter, experto en seguridad de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), sostiene que el apoyo a Ucrania es una cuestión de seguridad nacional y responsabilidad europea. A pesar de las presiones internas y el descontento de algunos sectores políticos que, como el jefe de Gobierno de Sajonia, Michael Kretschmer, sugieren reparar el gasoducto, Kiesewetter advierte que volver a depender de la energía rusa sería una "gran insensatez" que ignoraría las lecciones de la historia.
