La administración de Donald Trump ha formalizado una nueva estrategia para gestionar el avance de la inteligencia artificial, nombrando a Jay Clayton como el responsable de coordinar esta política. Clayton, quien asumió en agosto la dirección de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos —la cual agrupa a 18 agencias—, ha sido descrito por funcionarios de la Casa Blanca como el nuevo "zar de la IA".
Como parte de este reposicionamiento, el presidente ordenó a finales de septiembre que las agencias gubernamentales adopten el término "superinteligencia" en lugar de inteligencia artificial, buscando enfatizar esta tecnología como una nueva etapa de desarrollo científico y económico. El mandato del grupo liderado por Clayton incluye el desarrollo de propuestas para mitigar riesgos sociales y de seguridad, tales como ataques cibernéticos, manipulación de información y amenazas a la infraestructura crítica, sin imponer regulaciones que la administración considera excesivas o perjudiciales para la competitividad.
La estrategia de la Casa Blanca se inclina hacia la autorregulación y los compromisos voluntarios. La semana pasada, Trump se reunió con ejecutivos de empresas como OpenAI, Anthropic, Meta, Google y Nvidia, quienes acordaron implementar controles internos y auditorías independientes. No obstante, la ausencia de sanciones por incumplimiento en estos acuerdos ha generado críticas sobre la eficacia de este modelo frente a los riesgos de sistemas cada vez más autónomos.
El papel de Clayton será fundamental para articular la relación entre el gobierno, las empresas tecnológicas, organizaciones religiosas y operadores de infraestructura. Además, deberá analizar las herramientas gubernamentales existentes y proponer nuevas medidas. El funcionario ha señalado previamente que uno de los mayores riesgos para Estados Unidos es rezagarse en esta carrera tecnológica frente a competidores como China, país con el que Washington mantiene una disputa geopolítica por el liderazgo en IA.
El equipo de Clayton tiene un plazo de 120 días para entregar un informe que definirá el alcance de la intervención federal en este sector, marcando la transición de la IA como un tema exclusivo de Silicon Valley hacia una prioridad de seguridad nacional y economía global.
