JERUSALÉN, Israel. — Al cumplirse tres años de los ataques del 7 de octubre de 2023, el dolor persiste en comunidades como el kibutz Kfar Aza, donde los residentes conmemoran a las 64 personas asesinadas y a las 19 que fueron secuestradas ese día. El ataque, que resultó en la muerte de aproximadamente 1,200 personas y el secuestro de 251 rehenes, marcó el fallo de seguridad más grave desde la creación del Estado de Israel en 1948. A pesar de la magnitud de la tragedia, aún no existe una investigación estatal independiente que esclarezca las responsabilidades políticas y militares.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha rechazado cualquier responsabilidad personal por los errores de seguridad. En declaraciones al Canal 14 de Israel, el mandatario sugirió que, de haber sido despertado antes del ataque, la situación habría sido distinta, responsabilizando a los jefes de seguridad por no informarle a tiempo. Por su parte, críticos y familiares de las víctimas, como Inbar Goldstein, cuyo hermano y sobrina fueron asesinados, exigen que el país asuma su responsabilidad por lo que consideran un "largo proceso de abandono".

El debate se centra en las advertencias previas que, según informes, fueron ignoradas. El periodista Yaacov Katz, autor de "Mientras Israel dormía", señala que Netanyahu definió una política de contención hacia Hamás durante años, permitiendo incluso la entrada de ayuda financiera desde Qatar. Mientras el primer ministro se prepara para la reelección bajo la promesa de ser el garante de la seguridad nacional, sus opositores, incluyendo al político Yizhar Shai, insisten en la necesidad de una comisión estatal de investigación bajo juramento para determinar qué sabían los líderes políticos y militares antes de la incursión.

Mientras la cúpula militar, incluyendo al entonces jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, ha ofrecido disculpas y ha visto la destitución de varios mandos, la negativa de Netanyahu a aceptar su responsabilidad ha profundizado la brecha entre el gobierno y las fuerzas de seguridad, alimentando las protestas ciudadanas que exigen transparencia total.