Este miércoles 30 de septiembre de 2026, la agencia Mizan, órgano oficial del Poder Judicial de Irán, informó sobre la ejecución de Alí Hemati y Mayid Nikandish. Ambos hombres fueron sentenciados a la pena capital tras ser acusados de participar en los disturbios del 8 de enero en la zona de Tabarsi, en la ciudad de Mashad, al noreste del país.
Según el reporte judicial, los sentenciados fueron ahorcados durante la madrugada del miércoles, una vez que el Tribunal Supremo ratificó las sentencias y se agotaron los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades iraníes los calificaron como "activistas y líderes" de las protestas, imputándoles cargos por el ataque a comercios, el incendio de un banco y el apuñalamiento de dos integrantes de la milicia Basij, un cuerpo de voluntarios subordinado a la Guardia Revolucionaria.
Durante el proceso judicial, Hemati confesó haber utilizado un cóctel molotov para incendiar un establecimiento y haber apuñalado a un miembro de los Basij. Por su parte, Nikandish admitió haber portado un arma blanca, haber atacado un comercio y haber enviado videos de las manifestaciones al extranjero.
Con este suceso, la cifra de personas ejecutadas en relación con las protestas de enero asciende a al menos 31. Las movilizaciones, que comenzaron a finales de diciembre por el alto costo de vida, derivaron en exigencias contra el Gobierno, alcanzando su punto máximo el 8 y 9 de enero. La represión posterior dejó un saldo de 3,117 fallecidos según cifras oficiales, mientras que organizaciones como HRANA estiman más de 7,000 muertes.
El Gobierno iraní ha atribuido la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel. Cabe recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con una intervención militar antes de que, el 28 de febrero, se iniciara un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, dando paso al conflicto actual en Medio Oriente.
De acuerdo con Amnistía Internacional, Irán se mantiene como el segundo país con mayor número de ejecuciones a nivel mundial, solo detrás de China. En 2025, el país registró al menos 2,159 ejecuciones, la cifra más alta desde 1981 y más del doble de lo reportado en 2024.
