ITHACA, Nueva York — La Universidad de Cornell enfrenta una crisis institucional tras la demanda civil presentada el mes pasado por una estudiante, identificada como Jane Doe, quien relató haber sido drogada con alcohol y ketamina antes de ser agredida sexualmente por siete miembros de la fraternidad Chi Phi el 19 de octubre de 2024. La joven, que tenía 20 años al momento de los hechos, denunció el incidente ante la policía universitaria dos semanas después, aunque en aquel entonces no se presentaron cargos.
Respuesta institucional y revisión externa
En un mensaje en video de 8 minutos difundido la noche del sábado, el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, reconoció que la universidad "debe hacer más" para garantizar la seguridad de su comunidad. Kotlikoff anunció que la administración colaborará con una revisión independiente, encargada por la fiscal general del estado, Letitia James, tras la solicitud de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien expresó estar "profundamente preocupada" por la gestión inicial de la investigación.
El debate sobre las fraternidades
El caso ha reabierto un intenso debate nacional sobre la cultura de consumo de alcohol y drogas en los campus universitarios estadounidenses. Kotlikoff subrayó que la institución llevará a cabo un "análisis serio" sobre el papel de las fraternidades y hermandades, enfatizando que la pertenencia a un grupo no exime a los individuos de su responsabilidad legal y ética.
"Debemos promover una cultura en la que la agresión sexual sea inadmisible y asegurarnos de que nuestra comunidad esté empoderada y comprenda el consentimiento informado", declaró el presidente, quien busca transformar la indignación actual en un esfuerzo para combatir la violencia sexual tanto dentro como fuera de la universidad.
Clima en el campus
La comunidad estudiantil ha manifestado su frustración a través de foros públicos, donde diversos alumnos han expresado vergüenza por lo ocurrido y han exigido cambios drásticos y rápidos en la administración. La demanda civil presentada por Jane Doe sostiene que la universidad falló en su deber de protección y no sancionó adecuadamente a los implicados, un punto que ahora será objeto de escrutinio por parte de un bufete de abogados externo.
