Un informe presentado por ONU Mujeres, basado en entrevistas a candidatas durante el proceso electoral de 2024, ha puesto de manifiesto que la violencia contra las mujeres en la política mexicana es un fenómeno extendido y multifacético. Eleonora Betancur, representante de ONU Mujeres en México, entregó el documento a Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante el Encuentro Nacional Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres, realizado el 17 de octubre de 2026 para conmemorar los 73 años del voto femenino.

Los datos son contundentes: de 100 candidatas a legisladoras entrevistadas, 96 reportaron haber sufrido al menos una forma de violencia. A pesar de la magnitud del problema, solo 18 presentaron una denuncia formal, y apenas cuatro obtuvieron una resolución favorable. Betancur señaló que la violencia psicológica, sexual, económica y física está presente tanto en actos de campaña presenciales como en el entorno digital, donde cuatro de cada 10 víctimas identificaron ataques organizados mediante bots.

El estudio destaca que la violencia no es externa, sino que atraviesa las estructuras partidistas. Cerca de la mitad de las candidatas legislativas reportaron violencia intrapartidaria, y de este grupo, seis de cada 10 señalaron a sus propios dirigentes como responsables. En el ámbito municipal, la situación es igualmente crítica: de 230 candidatas entrevistadas, 200 identificaron agresiones, incluyendo amenazas y presiones de grupos delictivos, mientras que una de cada cinco reportó violencia física.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, advirtió que la igualdad legal no se ha traducido en la vida cotidiana, persistiendo barreras estructurales que frenan el liderazgo femenino. Por su parte, Guadalupe Taddei enfatizó que la paridad debe garantizar el ejercicio del poder con libertad y sin violencia, subrayando que el derecho al voto fue un reconocimiento constitucional y no una concesión.

El informe también subraya factores adicionales que limitan la participación, como las responsabilidades de cuidado, que afectan al 64.3 por ciento de las candidatas a presidencias municipales, y la deslegitimación pública que enfrentan incluso las mujeres con trayectorias políticas consolidadas.