El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el pasado 15 de septiembre la Declaración sobre el Clima de Inversión en México, un documento que analiza la compleja relación comercial entre ambas naciones. Aunque México se consolidó en 2025 como el mayor socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios, con un crecimiento del 67 por ciento en el comercio bilateral desde 2020, el informe advierte sobre una desaceleración económica, citando un crecimiento del 0.6 por ciento en 2025, atribuido a la baja productividad y la incertidumbre regulatoria.
El reporte destaca dos áreas de fricción principales para las empresas estadounidenses: la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la política energética. Respecto al SAT, el documento señala que desde 2019 se intensificaron las acciones contra corporaciones, incluyendo tácticas de negociación agresivas, solicitudes de información excesivas y la cancelación impredecible de certificados de sello digital. Aunque en mayo de 2026 se anunció el Acuerdo 68/2026 para limitar las auditorías y regular la cancelación de sellos, el informe sugiere que estas medidas reconocen daños previos.
En el sector energético, el decreto de octubre de 2024 que redefine a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como "empresas públicas" ha restringido la participación privada. Pemex mantiene preferencia en exploración y extracción, con un requisito de retener al menos el 40 por ciento de nuevos desarrollos, mientras que la CFE debe despachar el 54 por ciento de la electricidad a la red. Esta situación se agrava por la precaria salud financiera de Pemex, que reportó 79 mil millones de dólares de deuda financiera al primer trimestre de 2026 y 21 mil millones adeudados a proveedores.
La percepción de riesgo ha impactado las calificaciones crediticias. El 12 de mayo de 2026, S&P Global Ratings cambió la perspectiva de la deuda soberana de "estable" a "negativa", mientras que Moody’s redujo la calificación de México de Baa2 a Baa3. Actualmente, la deuda pública representa el 52.6 por ciento del PIB, con un déficit presupuestario proyectado del 4.1 por ciento para 2026.
Finalmente, el informe aborda la seguridad y el estado de derecho, señalando que la inseguridad consume hasta el 5 por ciento del presupuesto operativo de las empresas. El documento menciona la violencia durante el proceso electoral de 2024, que resultó en más de 30 candidatos asesinados, y expresa preocupación por la influencia del crimen organizado, la impunidad persistente y el impacto de la reforma judicial en la certidumbre jurídica de los inversionistas.
