BUDAPEST, Hungría. — Desde finales de junio de 2026, el nuevo Gobierno húngaro liderado por el primer ministro Péter Magyar ha implementado la denominada "Operación Purgatorio", una estrategia diseñada para desmantelar las redes de corrupción heredadas de la administración de Viktor Orbán. Aunque el proceso ha sido cauteloso en cuanto a detenciones masivas, el Ejecutivo ha logrado frenar flujos de fondos públicos destinados a empresarios cercanos al antiguo régimen.
El pasado 28 de septiembre de 2026, el grupo parlamentario del Partido Tisza logró el levantamiento de la inmunidad de dos figuras clave: Balázs Hanko, exministro de Cultura e Innovación, y Miklós Seszták, exministro de Desarrollo y diputado del Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP). Hanko es investigado por la presunta asignación ilegal de unos 50 millones de euros del Fondo Nacional de Cultura (NKA) durante 2025 y 2026, fondos que habrían sido desviados para campañas electorales y propaganda. Por su parte, Seszták enfrenta acusaciones por haber aceptado sobornos por un valor aproximado de 30 millones de euros entre 2015 y 2018, vinculados a contratos con la empresa estatal Volanbusz y el sector de la construcción.
La detención de los exministros fue retransmitida en redes sociales, generando un alto impacto mediático. Mientras Seszták se entregó voluntariamente a la Fiscalía, Hanko protagonizó un incidente al atrincherarse en el Parlamento junto a su familia, hasta que fue obligado a retirarse por la presidenta del recinto. Posteriormente, ambos fueron puestos en prisión preventiva.
En un movimiento estratégico de relaciones públicas, el propio primer ministro Péter Magyar solicitó el levantamiento de su inmunidad por un incidente ocurrido en junio de 2024, cuando arrojó al Danubio el teléfono de un ciudadano que lo grababa sin consentimiento. Con esta acción, Magyar busca proyectar una imagen de igualdad ante la ley.
El panorama judicial sigue siendo tenso. Magyar ha criticado duramente a la cúpula de la Fiscalía General, acusándola de encubrir actos de corrupción, y su partido ha rechazado la candidatura de Zoltán Szathmary para la Fiscalía General, debido a conflictos de interés relacionados con su hermano. El Gobierno se encuentra ahora bajo la presión de equilibrar las expectativas sociales de justicia rápida con el estricto cumplimiento del Estado de derecho.
