GUAYMAS, Son. — El gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina (Semar), formalizó la entrega de 36 hectáreas de superficie marítima en Bahía Catalina, Guaymas, Sonora, para facilitar la edificación y operación de una terminal de gas natural licuado (GNL) a cargo de la firma Amigo LNG. El contrato, que otorga el "uso, goce y aprovechamiento" de dicha área, fue suscrito desde abril de 2025 por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Guaymas, entidad sectorizada a la Semar.
El proyecto es una iniciativa conjunta entre la empresa estadunidense Epcilon LNG y la compañía LNG Alliance, con sede en Singapur. Según lo estipulado, la terminal servirá como punto de exportación para gas proveniente de Estados Unidos, el cual será trasladado a México mediante gasoductos existentes para su posterior envío a mercados asiáticos. La cesión del terreno se realizó mediante adjudicación directa, sin pasar por un proceso de licitación pública, bajo el argumento de que la empresa posee un área colindante a la zona marítima federal. Amigo LNG ha señalado además contar con una concesión marítima otorgada por la Remar México.
El proyecto contempla la exportación de más de 7.8 millones de toneladas de GNL al año, lo que implicaría el tránsito de hasta 175 buques metaneros a través del Golfo de California. Esta proyección ha generado el rechazo de grupos ecologistas, entre ellos la organización Defensa Ambiental Noreste, que advierte que la zona posee una biodiversidad reconocida como Patrimonio Mundial Natural.
La controversia también se centra en los tiempos administrativos. Aunque el contrato fue firmado en abril de 2025, la autorización ambiental fue emitida un año después. La Semar justificó en su momento que el contrato no requería una autorización previa en materia de impacto ambiental. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) confirmó que autorizó el proyecto el 13 de abril de 2026 bajo condicionantes ambientales. No obstante, el 27 de mayo se dictó una suspensión definitiva tras la impugnación de la consulta pública por parte de dos asociaciones civiles, a pesar de que la autorización ya había sido otorgada.
