MADRID, España. — El gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo al aprobar nuevamente los dos decretos de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Parlamento. La medida, justificada por el mandatario bajo razones de "pura humanidad", busca frenar la especulación inmobiliaria y atender la crisis habitacional que ha afectado al país durante los últimos dos años, justo al inicio de la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.
El paquete legislativo, dividido en dos textos, contempla restricciones directas a la compra de casas por parte de fondos buitre y "grandes tenedores", definidos como personas o sociedades que poseen más de diez inmuebles. Asimismo, se establece la prórroga forzosa de los alquileres por dos años, la prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables y un aumento en la carga fiscal para pisos turísticos y de temporada, sobre lo cual Sánchez sentenció: "Tributarán por lo que son, un negocio".
Adicionalmente, se anunció la creación de un fondo de crédito de 10 mil millones de euros (equivalentes a 200 mil millones de pesos) gestionado a través de la herramienta 'Tucasa'. Este programa ofrecerá préstamos sin intereses de hasta 50 mil euros (un millón de pesos) destinados a jóvenes que busquen adquirir su primera vivienda. Mientras que el primer decreto cuenta con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco, el segundo, que incluye la figura del contrato de arrendamiento indefinido, enfrenta un panorama incierto al carecer de dicho apoyo.
La situación ha generado tensiones sociales y políticas. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, han convocado a una huelga general, mientras que las agrupaciones patronales han calificado las medidas de "inadmisible". Por su parte, el ex presidente José María Aznar advirtió que una victoria del bloque progresista pondría en riesgo el sistema político actual, incluida la monarquía.
En un ámbito paralelo, el Tribunal Constitucional avaló, con siete votos a favor y cinco en contra, una sentencia que ampara los derechos fundamentales de los líderes independentistas catalanes involucrados en la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Desde Waterloo, Bélgica, el ex presidente Carles Puigdemont calificó la amnistía como "la derrota de los poderes públicos españoles".
