Georgia, una nación del Cáucaso con aproximadamente 3.7 millones de habitantes, se ha transformado en un centro neurálgico para la gestación subrogada a nivel mundial. Este fenómeno se ha intensificado tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, provocando que numerosas agencias internacionales trasladaran sus operaciones a territorio georgiano. Las cifras oficiales reflejan este crecimiento: mientras que en 2021 se registraron cerca de 300 nacimientos mediante este procedimiento, para 2023 la cifra ascendió a 1,172.
El costo de los paquetes en Georgia oscila entre los 45,000 y 55,000 euros, una tarifa que representa entre un tercio y la mitad de lo que se cobra en otras naciones. Por su parte, las gestantes reciben una remuneración promedio de entre 18,000 y 28,000 euros. Anastasia, una mujer rusa que ha participado en tres procesos, relató que su experiencia en Georgia fue gestionada por una sucursal de una clínica de Moscú, destacando que, aunque el proceso fue sencillo, otras mujeres han reportado retrasos en el pago de sus honorarios.
El caso de Olga y Daniel, una pareja de 40 años residente en Hamburgo, ilustra las complejidades del mercado. Debido a que la gestación subrogada está prohibida en Alemania, buscaron alternativas en el extranjero. Tras intentar sin éxito en Rusia —donde desde 2022 se prohíbe la gestación subrogada para extranjeros—, viajaron a Tiflis en la primavera de 2024. Allí, la pareja enfrentó presiones por parte de las agencias intermediarias y preocupaciones sobre la seguridad de la gestante seleccionada, una mujer ucraniana de 30 años, lo que finalmente los llevó a desistir del proceso.
La abogada Nino Bogveradze advirtió sobre la existencia de una laguna legal significativa en la legislación georgiana, la cual ignora el papel de las agencias intermediarias y deja a las gestantes en una posición de vulnerabilidad. Las mujeres no tienen derecho a quedarse con el niño, ni pueden abandonar el programa o interrumpir el embarazo tras la transferencia del embrión. Organizaciones como Human Rights Watch y la International Women's Health Coalition han señalado que estas prácticas vulneran la autonomía reproductiva. Olga Doletskaya, investigadora de la Universidad de Leeds, concluyó: "Las agencias intermediarias se guían principalmente por intereses económicos. Por eso se aprovechan de la situación vulnerable de las gestantes y presionan a los futuros padres".
