NASHVILLE, Tenn. — Christa Pike, quien fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, fue trasladada a un hospital tras un intento fallido de ejecución mediante inyección letal. Según informó su defensa, Pike recibió medidas para salvarle la vida en una clínica después de que se le administraran dos jeringas de pentobarbital. Este incidente representa el segundo procedimiento de ejecución fallido en Tennessee en 2025; en mayo, las autoridades aplazaron la inyección de Tony Carruthers debido a la imposibilidad del personal para encontrar una vena adecuada.
Desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la prohibición temporal de la pena capital, se han registrado 1,683 ejecuciones en el país, de las cuales solo 18 han sido mujeres, lo que equivale a menos del 1% del total. A pesar de que en 2025 se contabilizaron 47 ejecuciones —la cifra anual más alta desde 2009—, el apoyo público a esta práctica se encuentra en su nivel más bajo en 50 años, con un 52% de respaldo según una encuesta de Gallup, frente a un 44% de oposición.
La inyección letal sigue siendo el método predominante, representando el 89% de las ejecuciones desde 1976. Sin embargo, la creciente dificultad para obtener fármacos, debido a la negativa de las farmacéuticas a que sus productos se utilicen en estos procedimientos, ha llevado a los estados a buscar alternativas o recurrir a farmacias de formulación magistral con menor regulación. Ante este panorama, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un memorando en abril que sugiere ampliar los métodos de ejecución para incluir el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas.
Críticos y activistas señalan que la escasez de medicamentos y la falta de transparencia en su origen han derivado en ejecuciones prolongadas y dolorosas, lo que, a su juicio, contraviene la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Allen Ault, exdirector del sistema penitenciario de Georgia, destacó en una entrevista previa la carga psicológica que estas acciones imponen al personal involucrado, describiéndolas como una forma de "asesinato premeditado" que deja secuelas duraderas.
