GINEBRA. — Un grupo independiente de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha emitido una severa advertencia sobre la estrategia migratoria implementada por el gobierno de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025. Según los especialistas, la práctica de deportar personas hacia terceros países, con los cuales los migrantes no tienen ningún vínculo, está generando una "cascada de violaciones de derechos humanos".

De acuerdo con el informe, Washington ha formalizado convenios con más de 35 naciones, entre las que se encuentran Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur. Hasta la fecha, se estima que al menos 23 mil ciudadanos de terceros países han sido trasladados bajo estos acuerdos, los cuales, según los relatores, vulneran el principio consuetudinario de no devolución (non-refoulement).

Los expertos, que incluyen a relatores especiales sobre derechos de migrantes y de protección de libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, señalaron que estas acciones "incrementan el riesgo de que los afectados padezcan tortura y malos tratos, así como desapariciones forzadas". Asimismo, advirtieron que los traslados a territorios desconocidos pueden constituir una "experiencia traumática y aislante" que agrava los daños previos que motivaron la huida de los migrantes.

El grupo de expertos enfatizó que los sectores más vulnerables, como niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT+ y defensores de derechos humanos, enfrentan riesgos mortales. "Para los migrantes en situaciones de especial vulnerabilidad, las consecuencias pueden ser mortales", alertaron, añadiendo que estos acuerdos facilitan delitos como detenciones arbitrarias, esclavitud y trata de personas.

Ante este panorama, los especialistas hicieron un llamado a los Estados involucrados para suspender dichos convenios, garantizar procedimientos de asilo justos y establecer mecanismos de supervisión independiente. Finalmente, instaron a organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones, a ejercer una estricta diligencia debida para evitar que su participación contribuya a legitimar acuerdos que derivan en violaciones a los derechos humanos, subrayando que "los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza migratoria y no ser sacrificados en aras de la disuasión".