La infraestructura necesaria para sostener la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser un tema técnico a un eje central de la política estadounidense. Lo que comenzó como una expansión silenciosa de grandes centros de procesamiento de datos se ha transformado en una fuente de conflicto social, obligando a legisladores federales y estatales a buscar nuevas regulaciones ante el descontento de las comunidades locales.
Actualmente, operan cerca de 3,000 centros de datos en Estados Unidos, una cifra que, según el Pew Research Center, se prevé que se duplique en los próximos años. Estas instalaciones, que albergan filas de chips de alta capacidad, han generado preocupaciones sobre el consumo de recursos energéticos, el uso de agua, el ruido y el impacto ambiental. En Ohio, por ejemplo, una iniciativa conjunta entre OpenAI, Nvidia, SB Energy y el Departamento de Energía de EE. UU. contempla un complejo de aproximadamente 9.6 km cuadrados.
La resistencia ciudadana ha escalado rápidamente. Según Data Center Watch, los colectivos organizados contra estos proyectos se duplicaron en los primeros meses de este año, alcanzando los 833 grupos. Stephanie Maldonado, directora política de LUCHA en Arizona, describió el movimiento como una lucha de "David contra Goliat". Por su parte, residentes como Angelita Soriano, en Indiana, han expresado su rechazo ante la construcción de complejos masivos, como uno de Amazon que ocupará más de 1.6 km cuadrados con 782 generadores diésel.
El impacto político es evidente. En Arizona, la gobernadora Katie Hobbs promulgó en julio una moratoria de tres años a nuevas exenciones fiscales para estos proyectos. En Michigan, el demócrata Abdul El Sayed integró la regulación de centros de datos en su campaña senatorial, mientras que en Georgia, la candidata Keisha Lance Bottons aboga por una pausa en su desarrollo. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott, quien inicialmente promovió al estado como el "epicentro del desarrollo de la IA", ha moderado su discurso citando preocupaciones de seguridad y calidad de vida.
Esta tendencia ha puesto a algunos republicanos en conflicto con el presidente Donald Trump, quien ha calificado la oposición a estos centros como una "conspiración enfermiza" y ha tildado a los críticos de "atrasados y pobres". A pesar de los argumentos de la industria sobre la creación de empleos, un estudio de la Brookings Institution señala que un centro de datos promedio genera entre 100 y 200 empleos locales, con un impacto mínimo en los salarios de la zona.
La tensión es tal que desarrolladores como Balaji Tammabattula, director ejecutivo de Barupon, han enfrentado un rechazo frontal en proyectos como el de Liberty, Texas. "Hay tal nivel de tensión desde el principio que ni siquiera puedes llegar a explicar los hechos", afirmó Tammabattula.
