El panorama empresarial en México se enfrenta a una serie de ajustes estructurales ante la llegada del 2027. A partir del primero de enero de ese año, será obligatorio implementar un sistema de registro electrónico para las jornadas laborales, una medida que ha obligado a las compañías a reorganizar horarios, evaluar la contratación de personal adicional y habilitar horas extras, todo bajo el objetivo de mantener la estabilidad en los precios de productos y servicios.
Alberto Quintana, director del Hub Norte Latam de Cegid, señaló que, aunque este proceso representa una oportunidad para mejorar la productividad, sectores como el manufacturero, alimentario, avícola y ganadero enfrentan retos particulares debido a la necesidad de una cobertura continua de personal. "En general estamos convencidos de que es una oportunidad para que todas las empresas nos reorganizemos, nos reestructuremos y seamos más productivos, sin que esto implique necesariamente costos extraordinarios", afirmó Quintana.
La presión no es solo operativa, sino también fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus auditorías para verificar la materialidad de las operaciones y la contratación de personal. Paralelamente, el Paquete Económico 2027 contempla reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a la Ley Aduanera que han generado preocupación en la industria.
Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), advirtió sobre el impacto de estas medidas. "Lo hemos dicho tanto al gobierno, como en el Legislativo; una cosa es que estemos de acuerdo en que se incrementen o se fortalezcan los derechos laborales, pero otra cosa es que hagas tantas cosas, en tan poco tiempo que te empiezan a afectar tu estructura de costos, pero que además no se están reflejando en productividad", comentó Barquera. El directivo subrayó que el sector automotriz enfrenta una presión constante por el diferencial con el salario mínimo.
Entre las reformas pendientes de aprobación en el Senado, destaca el límite a las deducciones autorizadas para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales. Según el dictamen aprobado en Diputados, se establecerían topes del 96.7% de los ingresos acumulables o el 99% de las deducciones autorizadas. Barquera explicó que esto afectaría la inversión: "En el momento que ponen un límite a las deducciones fiscales, cuando haces una inversión vas a alcanzar más rápido ese límite, y por lo tanto de inmediato vas a pagar más de impuestos".
Finalmente, la reforma a la Ley Aduanera busca eliminar el umbral del 50% que actualmente permite a las empresas tener un margen de diferencial en el valor declarado de las mercancías. Al quitar este parámetro, la autoridad aduanera tendría facultades para embargar mercancías ante cualquier discrepancia de valor, lo que, según la AMIA, podría derivar en procesos de recuperación de meses y riesgos significativos para la cadena de suministro.
