Diversos organismos empresariales han expresado su profunda preocupación ante la Comisión correspondiente respecto a las modificaciones fiscales contempladas en el Paquete Económico 2027. Según los expertos, estas medidas no solo impactarían la operatividad de las empresas, sino que amenazan con descapitalizar a los contribuyentes formales.
Andrade señaló que la disposición actual provocaría que empresas con márgenes de medio punto porcentual, un punto y dos puntos, enfrenten tasas efectivas de impuestos del 50%, 100% y 200%, respectivamente. “Hay algunos sectores que están trabajando, y si ganan un peso, tienen que pagar dos pesos de impuestos, lo que provoca una descapitalización de las empresas que trabajan formalmente”, expuso. Por su parte, Martín Aguayo Solano, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), advirtió sobre una duplicidad en la no deducción, dado que la parte exenta de sueldos y salarios ya no es deducible en un 47% o 53%.
En cuanto a la capacidad de inversión, Ricardo Cervantes Vargas, del Consejo de Empresas Globales, criticó la reducción del límite de deducibilidad de intereses del 30% al 20% de la utilidad fiscal neta. “Con esta reducción a 20 estamos disminuyendo 33% la capacidad que tienen las empresas para endeudarse”, explicó, subrayando que la deuda es una herramienta clave para las inversiones globales en el país.
El impacto sectorial también es crítico. Fernanda Padilla, de Index, advirtió que limitar las deducciones destruiría la viabilidad financiera de las pymes bajo el esquema Shelter, lo que podría provocar que empresas trasladen sus inversiones a otros países. En la industria automotriz, Odracir Barquera, director general de la AMIA, alertó que limitar las deducciones al 96.67% generará restricciones al flujo de efectivo y desvinculación entre la base gravable y la capacidad contributiva real.
Finalmente, Daniela Martínez Rodríguez, de Concanaco Servytur México, y Reginaldo Esquer Félix, del Consejo Coordinador Empresarial, coincidieron en que estas medidas, sumadas a la reducción de la jornada laboral y topes a estímulos en autotransporte, presionan a las empresas hacia la informalidad. Esquer Félix lamentó que la iniciativa no contenga políticas para incentivar la formalización, concentrando una carga impositiva “asfixiante” en los contribuyentes formales.
